Iván Ljubetic Vargas, historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER
CAPÍTULO XI: Gratuidad en Educación Superior
Hasta 2015 el financiamiento al estudiante a través de becas de matrícula y arancel respondía al modelo subsidiario, concibiéndose como un beneficio focalizado, dirigido a individuos que cumplían determinados requisitos que los diferencian del conjunto de potenciales destinatarios.
La entrada en vigencia de la gratuidad responde a la concepción de la educación como derecho social, respecto del cual el Estado asume un rol garante, es decir, debe proveerlo directamente –a través de sus instituciones– y/o asegurar su provisión.
“En 2018 la gratuidad en educación superior universitaria, técnica y profesional se extenderá al 60% de los estudiantes más vulnerables”. Esa fue la frase con que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció -en el marco de su última Cuenta Pública ante el Congreso, EL 1 de junio de 2017- el aumento de la cobertura de la gratuidad en estudiantes de educación superior.
La Mandataria, destacó que, en el marco de la Reforma Educacional, este año más de 257 mil jóvenes están estudiando con Gratuidad en la educación superior. Esta cifra representa el 25% de la matrícula de pregrado de todo el sistema, lo que implica que uno de cada cuatro estudiantes seguirá su formación sin pagar ni matrícula ni aranceles.
Son 143.637 jóvenes que accedieron este año al beneficio, de los cuales 91.601 están en el primer año de su carrera, y 52.036 son alumnos de cursos superiores. Ellos se suman a los 113.393 estudiantes que renovaron y que pertenecen a la primera generación de beneficiarios de esta política pública, que empezó a implementarse en 2016.
Además del aumento en la cobertura de gratuidad, Michelle Bachelet añadió otras medidas para educación superior: la presentación de un proyecto de ley para fortalecer las universidades estatales, nuevos Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica en regiones, y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Esto último se hará a través de un proyecto de ley que “establecerá un sistema de financiamiento estudiantil que complemente el esfuerzo en gratuidad, la creación de una entidad pública y la promoción de estándares de calidad en las instituciones que accedan a este beneficio”, detalló la Presidenta.
“Quien quiera echar pie atrás de una política seria, inclusiva y responsable como es la gratuidad de la educación superior le va estar dando la espalda a Chile ya las familias chilenas”, sentenció la Mandataria.
El 17 de junio de 2017, la sala de la Cámara de Diputados terminó por aprobar el Proyecto de Educación Superior, que tras una extensa jornada, pasó al Senado para cumplir con su segundo trámite legislativo, tras un año en el Congreso.
El avance de la gratuidad al 60% de los alumnos más pobres en 2018 fue uno de los puntos que más atención acaparó. Con 62 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la medida logró superar una nueva valla, pese al rechazo en masa de los diputados de Chile Vamos, salvo por las abstenciones de los UDI Pedro Alvarez-Salamanca y Jaime Bellolio. También votaron en contra los diputados del Frente Amplio.
El Proyecto fue despachado al Senado.
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